Bono de discapacidad "Joaquín Gallegos" ofrece más asistencia a personas con discapacidad

Ecuador.- La entrega del bono Joaquín Gallegos Lara, les han caído como del cielo a las primeras familias beneficiadas, que se encargan de cuidar a personas con discapacidad severa que viven en extrema pobreza.

La madre del menor de esta foto, que tiene el 75% de discapacidad intelectual, es una de las personas que calificó para recibir el bono de 240 dólares mensuales.

BABAHOYO. Éricka, de 14 años, cuida a su primo Carlos, quien padece parálisis cerebral. Cecilia Castro, madre del joven de 17 años, aún no recibe ayuda de la brigada Manuela Espejo.

La Vicepresidencia aspira a entregar el bono Joaquín Gallegos Lara a 14.479 beneficiarios en enero del 2011.

A Melba Contreras, quien habita en la ciudadela Los Laureles, en la vía Babahoyo-Montalvo (Los Ríos), el dinero “le cayó del cielo”, según sus palabras. No tenía cómo costear las terapias de su hijo, Néyser Guamán, de 5 años, pues lo que gana su esposo como jornalero en una bananera ($ 230 mensuales) apenas alcanza para comer.

El menor tiene el 60% de discapacidad auditiva, una catarata congénita en el ojo izquierdo y retardo mental. Para cuidarlo, dejó su trabajo de secretaria en Puebloviejo hace tres años. “Un día llegué y tenía golpes en la carita. Se hizo daño a sí mismo. Decidí no dejarlo más”, dice.

Melba es parte de los primeros beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara, creado por la Vicepresidencia para recordar al poeta guayaquileño cuyas piernas atrofiadas le impedían caminar, el cual se entrega desde el pasado 20 de agosto a los hogares que ha identificado la Misión Manuela Espejo en catorce meses de visitas.

La ayuda, de $ 240 mensuales, llega a sectores pobres de Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Napo y Sucumbíos, según la misión, que se encarga de abrirles una cuenta de ahorros en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para que la reciban.

Tener en orden las facturas y otros documentos en los que consten los gastos que realicen con el bono es la principal indicación que los técnicos de Manuela Espejo han hecho a los beneficiarios, para un control posterior y como una forma de evitar que el dinero se desvíe a fines ajenos a las necesidades de los discapacitados.

Pero Melba aún tiene dudas. “Quisiera saber si puedo comprar una cocina, pagarla de poco en poco. La que tengo está vieja, me quema las cosas”, refiere.

A Cecilia Castro, quien habita en Babahoyo, la misión la visitó hace dos meses, pero no sabe si califica para el bono porque solo le ofrecieron regresar.

Su hijo Carlos Quiroz está postrado desde su nacimiento, hace 17 años, por una parálisis cerebral. La mujer mantiene el hogar ayudando a un hermano a atender dos mesas de billar. Cuando ella tiene que salir, el joven queda al cuidado de su hija o una sobrina, de 15 y 14 años, respectivamente.

“Les pedí que me ayuden aunque sea con una silla de ruedas. Dijeron que volvían en julio, pero hasta ahora nada”, menciona Cecilia, quien le ha adaptado ruedas a una silla de plástico para cambiarle de postura.

El nuevo bono se paga en una fase inicial a 2.838 familiares o personas que se hacen cargo de pacientes que no pueden valerse por sí solos.

Irene Ibarra, de 26 años, está optimista. El lunes pasado, la misión la visitó en la casa que cuida en la cooperativa Miami Beach, en el Guasmo sur, y le comunicó que sería beneficiaria.

Ella es madre de Dídimo, de 10 años, quien padece de discapacidad intelectual, físico-motora y epilepsia. Hace año y medio abandonó su trabajo de secretaria porque el menor, que no habla y apenas tiene movilidad, empezó a tener convulsiones.

“Por las crisis pasamos entre cinco y seis días internados en el Hospital del Niño casi todos los meses”, anota la madre soltera, que tiene además dos niñas, de 3 años y de 9 meses.

Dice que un hermano le “regala para la comida” y que el bono le permitirá llevar a Dídimo a las terapias gratuitas del INFA tres veces por semana. “No voy seguido porque no tengo $ 4 para el taxi”, anota.

En cambio, un menor de 9 años, con el 75% de discapacidad intelectual por una parálisis cerebral de nacimiento, no va hace un año a sus terapias. Su madre, de 25 años, no se alcanza para atenderlo a él y a sus cuatro hermanos, de 11, 6, 3 y 1 año, a quienes mantiene lavando ropa.

“Los padres de mis hijos no se hacen responsables, al segundo lo boté hace cinco meses porque no se esforzaba por conseguir trabajo; incluso quisiera demandar al padre del niño especial porque yo no puedo sola”, menciona desesperada la mujer que habita en Durán y no trabaja desde hace varias semanas porque su hija menor enfermó.

Señala que alimenta a sus hijos con lo que su mamá le puede llevar y los $ 30 que recibe del Bono de Desarrollo Humano a su nombre, pues por más que ha insistido, a su hijo discapacitado se lo han negado.

Aunque por su situación ella ya calificó al bono Gallegos Lara, deberá esperar hasta enero próximo, cuando la Vicepresidencia completará 14.479 beneficiarios y empezará el pago al segundo grupo de calificados.

El programa Gallegos Lara calcula en $ 3.540 el costo anual por discapacitado atendido, bono al cuidador ($ 2.880), capacitación ($ 72), medicinas e insumos ($ 108) y atención médica ($ 480). La misión ha ofrecido, además, atención médica con profesionales del Ministerio de Salud en las zonas urbanas, y del Seguro Campesino en las rurales, pero a cinco casos visitados por este Diario en Los Ríos aún no les llega esto, ni fármacos ni capacitación, ni la ayuda técnica (silla de ruedas, etcétera).

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