España - La Junta estudia dejar parte de sus contratos para empresas de inserción
«La gente no quiere vivir de la caridad, quiere trabajar», dijo la ex ministra del PP antes de visitar Asprona
Ana Pastor pide un plan «real» de empleo para personas con discapacidad
Generan empleo y ayudan a sacar de la exclusión a minorías étnicas, discapacitados físicos o psíquicos, maltratadas, ex toxicómanos o personas que acaban de cumplir pena en prisión. Son las llamadas empresas de inserción. Venden productos y ofrecen servicios como el resto de sociedades mercantiles, pero reclaman un 'empujón' para poder competir.
Una ayuda no tanto en forma de subvención, sino mediante la reserva de una parte de los contratos de las administraciones públicas para estas empresas. Navarra, por ejemplo, reserva por decreto un 9% de sus contratos a estas empresas, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona hace lo mismo con 30 millones de euros.
En Castilla-La Mancha, la consejera de Empleo, Igualdad y Juventud, Mari Luz Rodríguez, anunció ayer que en la última reunión con el Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi) se comprometió a «estudiar la posibilidad de que en un futuro un porcentaje de los contratos del sector público regional» se reserven para centros especiales de empleo y empresas de inserción.
Mari Luz Rodríguez vino ayer a Albacete a, entre otras cosas, inaugurar Albacete De Residuos (ADR), una empresa de reciclaje instalada en Romica, donde trabajarán 15 personas, 13 de ellas con discapacidad.
«La crisis ha afectado menos a los centros especiales de empleo», opinó la consejera, tras destacar que desde el 2007 hasta la fecha en Castilla-La Mancha han abierto sus puertas 13 nuevos centros especiales de empleo.
En estos momentos, en la región, hay 101 centros especiales activos que dan empleo a más de 2.000 personas con algún tipo de discapacidad. La consejera destacó que la puesta en marcha de una estrategia regional por el empleo para las personas discapacitadas que ha hecho posible que desde la administración regional se dediquen más de 11 millones de euros a promover la formación y el empleo de más de 3.000 discapacitados.
Desde el Partido Popular, sin embargo, la visión no es tan optimista, ni mucho menos. Ayer, la coordinadora de Política Social del PP, la ex ministra, Ana Pastor, exigía en rueda de prensa, antes de visitar las instalaciones de Asprona donde trabajan personas con discapacidad intelectual, que se elabore un Plan de Empleo para la Discapacidad en España, «pero un plan que sea real, no un sucedáneo», declaró, pues dijo que con la política actual no se ha creado empleo. «Nunca se hizo menos por el empleo de los discapacitados como ahora», declaró la diputada del PP, que reclamó «políticas activas» y «políticas de pasarela» que permitan a las personas con discapacidad, sobre todo a las mujeres que se ven más afectadas, pasar de los centros ocupacionales a los centros de empleo.
Integración en empresas
«Tenemos que incentivar la contratación de los discapacitados para que se integren en las empresas, igual que estamos integrando a los niños con discapacidad en la escuela», reclamó la ex ministra, que aseguró que incluso estos trabajadores pueden ser «más competitivos y tener una producción más alta». Puso como ejemplo iniciativas como la puesta en marcha por Fundosa, que ha montado lavanderías industriales donde emplea a discapacitados auditivos, que no se ven afectados por el molesto ruido de las máquinas, obteniendo unos resultados excelentes.
«La gente no quiere vivir de la caridad, quiere trabajar, porque trabajar nos dignifica y nos da independencia y autonomía personal», recalcó Ana Pastor, que además de pedir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero un plan para emplear a los discapacitados, le reclamó que «recupere la revaloración de las pensiones». Ana Pastor acusó a Zapatero de haber dejado en «papel mojado» el Pacto de Toledo tras haber decidido «unilateralmente» el «recorte» de las pensiones no contributivas.
Fuente: La verdad.es
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